En 1812 en Cádiz se gestaban las bases políticas de un nuevo
sistema político, económico y social que se conoce como liberalismo y que viene
impulsado por una burguesía revolucionaria que quiere liquidar los fundamentos
económicos y jurídicos sobre los que se asentaba la sociedad estamental y en su
lugar estructurar una sociedad donde el absolutismo monárquico diese paso a la
soberanía nacional, donde se acabe con todo privilegio señorial y eclesiástico,
y donde se diera una nueva regulación del derecho de propiedad.
Este último aspecto, el cambio en el sistema económico y sus
repercusiones sociales, serán un factor de inestabilidad y el germen de una
conflictividad ocasionada por la no aceptación de una parte de la población –campesinos
pobres y clero principalmente- de unos cambios que les vienen a perjudicar.
Y es que la burguesía liberal, aliada con la aristocracia
terrateniente se lanza a un proceso revolucionario a lo largo del siglo XIX que
liquidará el Antiguo Régimen y que tendrá como objetivo fundamental implantar
un régimen de propiedad en el que la titularidad fuera particular, referida a
personas concretas y no a colectivos, en la que hubiera libertad de uso y
disposición de quien ostentaba la propiedad de la tierra.
En definitiva se trataba de adecuar la forma de propiedad
capitalista a una sociedad donde la tradición comunitaria estaba arraigada
desde hacía siglos.
Hasta la marejada liberal en Aldeanueva de Ebro como en toda
España, el campesino mantenía una economía de subsistencia que podía sobrellevar
gracias al uso de tierras de propiedad colectiva municipal. Bienes Comunales
compuestos de tierras labrantías, dehesas, bosques, propiedad de la
colectividad de vecinos, destinados al aprovechamiento directo y gratuito de
éstos.
Junto a ellos había una serie de bienes propiedad del
Ayuntamiento que eran utilizados de una forma personal y a cambio del pago
de una renta, conocidos como bienes de Propios, éstos se explotaban mediante
arrendamiento al mejor postor, y era el medio por el que los ayuntamientos
obtenían una fuente de recursos con la cual costear los servicios públicos del
municipio.
En Aldeanueva de Ebro entre estos bienes de propios
arrendables, estaban junto al Soto de Castilluelos y el agua de las Pozas para
el riego, el abastecimiento de los productos para el consumo como el pan,
aceite o pescado; los puestos públicos de venta como la carnicería y las
tabernas; a su vez se arrendaba el peso de los productos de consumo, los
sólidos (carne, pescado…) mediante los pesos pequeños, y los líquidos (aceite,
vino, vinagre…) mediante el garapito.
Todo esto se arrendaba anualmente en pública subasta
convocada “a son de caja y viva voz del pregonero”, rematándose cada uno de los
abastos y puestos públicos en quien ofrecía una postura mejor, consistente en
el pago de una cantidad de dinero al ayuntamiento y la obligación de vender los
productos al precio más bajo fijado; la alteración en el precio establecido suponía
la anulación del arrendamiento, lo que
suponía un medio de defensa del pueblo frente a la especulación en los precios.
Asimismo los arrendatarios debían vender los productos de buena calidad,
estando obligados a que estos productos fuesen del pueblo, salvo en caso de
carencia de dichos productos, que podían traerlos de fuera.
La privatización de los bienes de propios a raíz de la
desamortización civil de Madoz en 1855 y la abolición de estas prácticas
supondrá por una parte dejar al pueblo indefenso ante los vaivenes de los
precios, y por otra parte, con la desaparición de los bienes de propios el
Ayuntamiento dejará de recibir los ingresos de sus arrendamientos viéndose
obligado a cargar sus gastos sobre los vecinos. Si a ello unimos la
desaparición de gran parte de los bienes comunales, que eran de utilización
gratuita y un complemento imprescindible para el mantenimiento de las economías
familiares más pobres, nos resultará sencillo comprender como el campesino
proletarizado, que se verá desposeído de esas tierras, grabado con una serie de
impuestos municipales, y sometido a una economía de mercado nada solidaria, vea
con recelo todo este proceso liberal, siendo un grupo social descontento y a
partir de entonces conflictivo.
PRADO MARTÍNEZ, Miguel Ángel (1991). Arrendamiento de abastos y puestos públicos. La Brújula: Guía informativa de Aldeanueva de Ebro, n. 7 (sept. 1991)